La actual situación social boliviana llena de conflictos y vicisitudes no responde a una simple cuestión casual sino a un problema relacionado a los hábitos, las costumbres y el abuso de la jurisprudencia.
El imperio de la ley es lo que caracteriza a una iuris societas, es decir una sociedad en la que las subjetividades se encuentran por debajo de las reglas de juego, una sociedad donde la igualdad procede del marco normativo. Tanto en la antigüedad como en los estado "modernos", la constitución establece ese marco normativo. Pero como sabía Aristóteles, una constitución, la ley de leyes, no se puede cambiar así por así, pues la obediencia a la ley procede del hábito y la costumbre. Esta vieja lógica la reafirmaron en varias ocasiones autores como Giovani Sartori, Norberto Bobbio, etc.
Hace no muchos años se pretendió hacer una refundación de la República de Bolivia a partir de la creación de una nueva constitución política. Así la ex república es ahora el Estado Plurinacional. Pero, siguiendo la lógica del razonamiento aristotélico, habría que preguntarse ¿podrá servir este nuevo marco normativo, a la implantación de un imperio de la ley?, cuestión que está vinculada a ¿cuántos y quiénes se sientes identificados con esta nueva entidad? y ¿cuántos y quiénes conocen y respetan las nuevas reglas de juego?
Hace poco el problema del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)con relación a la carretera entre San Ignacio de Moxos y Villa Tunari, reveló que la necesidad, desde el punto de vista del gobierno, choca a veces con la legalidad. Se reveló una especie de entrampamiento pues fue el gobierno de Evo Morales el que promovió y prácticamente redactó la Nueva Constitución Política del Estado que, como parte de las políticas de defensa de los derechos indígenas, señala en el Art. 30, inciso 15, que los pueblos indígena originario campesinos tienen derecho "A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas suceptibles de afectarles. En este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el estado, de buena fe y concertada, respecto de la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan". Entrampamiento pues ahora los intereses del gobierno y se supone que del Estado chocan con los derechos de los pueblos indígenas. Si el actual gobierno no respeta el mandato constitucional vinculante ¿qué garantiza que otros gobiernos salgan con los mismos argumentos e ignoren la ley?
La práctica de la normativa legal es la que se refiere a los hábitos y costumbres, pero también a la jurisprudencia. Es así que si el gobierno no cumple con el mandato legal sienta precedente de relativización o no acatamiento. Y si esto es así cuando cree conveniente, puede parecer que cualquier ciudadano puede hacer lo mismo.
¿Cómo recuperar el Estado de Derecho?
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